Policías locales ven ‘utilización política’ en los expedientes abiertos tras las protestas（YAJIE HONG)

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01/30/2013 por derechosindicalrrllubu

El Sindicato Independiente de Policía de Andalucía (SIP-AN) ha denunciando este miércoles al «utilización política» por parte del Ayuntamiento de Málaga de los expedientes abiertos a 51 polícias locales por las protestas contra el plan de ajuste de los días 29 y 30 de noviembre de 2012.

El secretario de Comunicación y Acción Sindical, José Javier Puerta, ha afirmado que el equipo de gobierno tiene «interés» en «criminalizar» las protestas. Asimismo, ha explicado que todavía «todavía hay compañeros que no saben qué es lo que hicieron mal», puesto que en las imágenes y vídeos que han conseguido «sólo se les ve gritando frases reivindicativas y abucheos». Además, ha señalado que no se identifica en los escritos qué agentes son los que presuntamente cometen las infracciones.

«Los concejales no se enfadan con los manifestantes porque hubiera altercado público, sino porque se ha dañado su imagen», ha señalado Puerta, quien considera que no se causó «descrédito a la institución de la Policía» con la protesta durante el alumbrado navideño ni en la realizada posteriormente en el pleno municipal.

«Entendemos que el jefe del cuerpo, encargado de elaborar la información reservada de ambas protestas, ha actuado por encima de su cargo y se ha excedido en determinar las infracciones», ha incidido, tras lo que ha criticado también que se haya nombrado como instructor al ex jefe de la Policía Local, Pascual Sánchez Bayton, por entender que «no es la persona idónea» por haber sido relacionado en el pasado con irregularidades.

El responsable sindical se ha quejado de la forma en la que se notificaron los expedientes y ha apuntado que «es mucha casualidad que se abran tantos expedientes a policías del sindicato (en este caso, el 90% de los agentes pertenecen al SIP-AN) en los municipios donde gobierna el PP».

Por otro lado, ha resaltado que valoran del Ayuntamiento de invitarles a negociar el nuevo convenio de los funcionarios, con el que pretenden «amortiguar el impacto del plan de ajuste», pero exigen «un gesto de verdad que dé a entender que quieren llegar a un acuerdo, como que paralicen los expedientes».